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Países Bajos: aplican una multa de 3,3 millones de euros a Binance por operar sin licencia

La sanción se justifica en que la plataforma operó casi dos años sin los permisos requeridos en el país.


El Banco Central de Países Bajos (De Nederlandsche Bank, DNB) aplicó una multa de 3,3 millones de euros a Binance, una de las principales plataformas de compraventa de criptomonedas del mundo, por haber operado por espacio de casi dos años sin los permisos correspondientes en el país.


El organismo multó a la firma por haber incumplido la obligación de registrar su actividad, un paso necesario para prevenir delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, según informó la agencia de noticias Europa Press al citar un comunicado de la autoridad monetaria.


La sanción base para este tipo de incumplimiento es de dos millones de euros, pero el banco central decidió elevar la cifra por "la gravedad y la culpabilidad" de la firma.


El Banco Central también tuvo en consideración que Binance es la mayor plataforma de negociación de criptomonedas del mundo, "con un volumen diario de operaciones de 13.700 millones de dólares", y que "tiene una gran cantidad de clientes en los Países Bajos".


"Binance ha disfrutado de una ventaja competitiva porque no ha pagado ningún impuesto a DNB y no ha tenido que incurrir en otros costos en relación con la supervisión continua por parte de DNB. Otro motivo importante del aumento de la multa es que las infracciones tuvieron lugar durante un largo período de tiempo: desde el 21 de mayo de 2020 (fecha en que se introdujo la obligación de registro) hasta al menos el 1 de diciembre de 2021", aseguró el DNB en un comunicado.


Y aseveró: "DNB considera que estas violaciones son muy graves".


Aún así aseguró que moderó la multa en un 5% por que la firma presentó una solicitud de registro y porque "Binance ha sido relativamente transparente sobre sus operaciones comerciales durante todo el proceso. Este registro está siendo evaluado actualmente por DNB".


La obligación de registro para los proveedores de criptoservicios se introdujo el 21 de mayo de 2020 en Países Bajos, dado que los criptoservicios presentan un alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.



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