Fue diputado nacional de Pro y tiene vínculos con el sector evangélico; en agosto de 2022 pidió la pena de muerte para Cristina Kirchner; ahora, pretende derogar el aborto y cuestionó el divorcio y el matrimonio igualitaria
La Nacion
Antes de ser designado como secretario de Culto, Francisco Sánchez fue diputado nacional de Pro, la fuerza política que lidera Mauricio Macri. Sánchez, cuya área depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de Diana Mondino, protagonizó en los últimos días una serie de polémicas por sus declaraciones contra el divorcio, el aborto y el matrimonio igualitario.
Sánchez es un “católico practicante”, pero “sin vínculos con el mundo episcopal”, según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes libertarias y eclesiásticas. No se le conocen vínculos con instituciones religiosas.
La mayor relación de Sánchez es con el universo evangélico, con el que trabó buena relación durante el tratamiento de la ley por la libre interrupción del embarazo, a la que se oponían. De ese mundo Sánchez tiene el apoyo de la diputada libertaria Nadia Márquez, también oriunda de Neuquén, al igual que Sánchez y cuyo padre es Hugo Márquez, uno de los pastores más importantes de la Patagonia. “Es muy afín al mundo evangélico, cuenta con el apoyo de Márquez y muchos otros pastores”, cuentan en La Libertad Avanza.
Técnico superior en Recursos Humanos y con una diplomatura en Derechos Humanos, Sánchez llegó a ser diputado nacional por Pro y en la Cámara baja fue secretario de la Comisión de Energía.
De perfil ultraconservador, Sánchez es recordado, fundamentalmente, por haber pedido la pena de muerte para la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, por casos de corrupción. “Doce años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”, escribió en su cuenta de la red social X.
“Si se comprueba la responsabilidad de Cristina Fernández y el resto de las personas imputadas en la causa Vialidad, [y] se las encuentra culpables de los delitos que se les ha imputado, son traidores a la patria”, fue otra de sus frases. Corría agosto de 2022 y el fiscal Diego Luciani había pedido la pena de prisión para Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. Ante las críticas de kirchneristas y sus propios aliados, Sánchez dio marcha atrás con la iniciativa. En septiembre de ese año se produjo el atentado contra la exvicepresidenta.
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