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Penas de hasta un año y medio de cárcel para policías por crimen de maestro Carlos Fuentealba

El Tribunal Penal de Neuquén impuso hoy penas de entre un año y cuatro meses y un año y medio de prisión para los seis policías condenados por su intervención en la represión que derivó en el asesinado del maestro Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007.


Las penas, dictadas por los jueces Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Diego Chavarría Ruiz, son en todos los casos de ejecución condicional e incluyen inhabilitaciones especiales.


Además, exigen el cumplimiento de reglas de conducta, como no modificar el domicilio y presentarse cada 6 meses ante la Dirección de Población Judicializada, y que ante un incumplimiento o la comisión de un nuevo delito la condicionalidad se debe revocar.


El exjefe de la policía de Neuquén Carlos Zalazar, el exsubjefe Moisés Soto, el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana Adolfo Soto y el exdirector de Seguridad Mario Rinzafri, condenados por abuso de autoridad, recibieron la pena de un año y seis meses de prisión condicional, más inhabilitación de tres años.


En tanto, el exjefe del Departamento de Seguridad Metropolitana Jorge Garrido, quien al momento del operativo ostentaba un rango menor, también fue acusado por abuso de autoridad y recibió un año y cuatro meses, con inhabilitación especial de 2 años y 8 meses.


El policía Benito Matus, hallado responsable de abuso de armas, fue condenado a un año y cuatro meses, más la inhabilitación especial de seis meses para funciones policiales que impliquen la utilización de arma de fuego.


Al finalizar la audiencia, Marcelo Medrano, uno de los abogados querellantes de la viuda de Fuentealba, Sandra Rodríguez, destacó en diálogo con la prensa la "declaración de responsabilidad" que ya se había obtenido en el anterior juicio.


"La pena en términos simbólicos no es que no signifique nada, pero creo que fue una decisión razonable y estamos conformes", manifestó.


El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten), Marcelo Guagliardo, señaló que "nosotros sabíamos que las condenas iban a estar en este margen, pero lo importante fue llegar después de 16 años a concretar el juicio y que se haya condenado a la cúpula policial de ese operativo que terminó con la vida de nuestro compañero Carlos Fuentealba".


"Esto tiene que ser una señal para que se frene la respuesta represiva en Argentina. Lo que acaba de pasar en Jujuy no puede volver a suceder", concluyó.


El maestro Carlos Fuentealba murió por el impacto en la cabeza de una granada de gas lacrimógeno disparada por el cabo José Darío Poblete (condenado a perpetua) el 4 de abril de 2007, durante una manifestación del gremio docente en la ruta nacional 22, cerca del paraje Arroyito.


El 16 de marzo de este año el tribunal declaró la culpabilidad de los efectivos policiales. Ese día, el juez Giorgetti señaló que "hubo acciones incomprensibles desde que los manifestantes se retiraron (de la ruta) hacia la estación de servicio. La policía los perseguía a gran distancia de la ruta y la banquina para el lado del río, accionando escopetas con balas de goma y pistolas lanzagases".


"Es cierto que algunos manifestantes arrojaron piedras luego que se lanzaran los gases lacrimógenos como reacción, pero no era una actitud masiva, sino de personas aisladas, que no sirve para justificar el uso indiscriminado de la fuerza sobre quienes huían del lugar más allá de las zonas aledañas a la ruta", indicó.


Agregó que "se pasó a querer disolver cualquier tipo de manifestación, lo cual está reñido con el derecho de reunión o protesta pacífica", y que "el uso legal de medios disuasivos se torna claramente arbitrario cuando se desvía de una finalidad legítima, restringiendo derechos de los manifestantes más allá de lo necesario, y poniendo en riesgo la integridad física y psíquica de las personas".


Para finalizar, Giorgetti destacó "la importancia de que se haya podido llevar a cabo este juicio como medio pacífico de debate y resolución de un largo conflicto" y subrayó el hecho de "escuchar a los involucrados en un contexto de respeto y poder dar una respuesta del poder judicial no solo a las personas que participan de este proceso sino a toda la sociedad". (Télam)

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