El 10 de septiembre de 2010, en el local ubicado en Scalabrini Ortiz 1638 se derrumbó un entrepiso construido de manera precaria y provocó la muerte de Ariana Lizarriaga (21) y Paula Provedo (20). La lectura de la sentencia fue fijada para el próximo 22 de junio.
Funcionarios y policías del Gobierno de la Ciudad imputados por la muerte de dos chicas en el derrumbe del boliche "Beara", en septiembre de 2010, ofrecieron este lunes sus últimas palabras ante el tribunal que los juzga y todos dijeron ser "inocentes".
Esta audiencia, obligatoria en todo juicio penal, se desarrolló ante los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Alterini del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 7.
El presidente del tribunal, Noceti Achaval, aclaró antes del inicio que las palabras finales "no consisten en una indagatoria, sino que es para que los imputados puedan expresar aquello que quieran que los jueces sepan".
El 10 de septiembre de 2010, en el local ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, cerca de las 3.50 cuando terminó un recital del grupo Ráfaga, se derrumbó un entrepiso construido de manera precaria y provocó la muerte de Ariana Lizarriaga (21) y Paula Provedo (20).
El boliche había sido clausurado por irregularidades y el gobierno porteño levantó esa clausura concediendo una habilitación como "salón de fiestas privadas" cuando en realidad funcionaba como discoteca.
Por las muertes de Lizarriaga y Provedo fueron imputadas 17 personas, entre los miembros de la sociedad comercial "Viejo sabio" que regenteaba el lugar y los funcionarios del gobierno de la Ciudad que debían habilitar y controlar el local.
La primera en hacer uso del derecho fue Vanesa Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, quien destacó lo negativo de "estar diez años sometida a un procedimiento penal" y dijo ser inocente de los cargos que le imputaron.
A fines de abril, cuando tuvieron lugar los alegatos de las partes, el fiscal Oscar Ciruzzi pidió penas que fueron de los 9 a los 2 años de prisión para los propietarios de la firma comercial, para los funcionarios porteños y los policías involucrados en el episodio.
"Todos sabían que Beara estaba siendo utilizada para otras cosas, todos sabían que había un entrepiso con endeblez constructiva, todos sabían que habían 700 personas que era mucho más de lo permitido (en el local), entonces todos se tendrían que haber representado el resultado de muerte", argumentó el fiscal.
Luego tuvo su oportunidad Martín Farrel, ex director de Habilitaciones de la Ciudad, quien dijo que "esta causa me ha arruinado la vida, estoy inhabilitado para ejercer cargos públicos porque no me puedo presentar a los concursos: soy inocente y creo que ha quedado demostrada mi inocencia".
El ex policía Federal Luis Acosta, acusado por haber participado del cohecho que permitió a Beara funcionar, agradeció a su abogado y muy escuetamente dijo ser "inocente".
En cambio, el director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas, resaltó que "tenía mucho miedo de que los jueces no me escucharan pero vine y vi toda la atención que prestaron a todos y estoy muy agradecido"
"Cuando hablé en mi declaración dije todo lo que es un proceso de habilitación" señaló el ex funcionario que reconoció que "me cuesta mucho hablar de lo personal, lo técnico fue más fácil".
La audiencia la cerraron los gestores de la entidad comercial que administraba el boliche, Leandro Camani y Matías Pantarotto, quienes ratificaron su inocencia y confiaron en ser exculpados.
El próximo lunes será el turno de las últimas palabras para los propietarios de "Beara": Juan Carlos María Yun, Agustin Dobrila e Iván Andrés Fliess, acusados por el delito de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho activo en concurso real".
Luego de escuchar a los propietarios de "Beara", el tribunal estará en condiciones de dar a conocer la sentencia, cuya lectura fue fijada para el próximo 22 de junio.